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Camioneros, ¿de quién fue la idea?

Por Andrea Quevedo, colaboradora de La Casa Común


Más allá de sus pretensiones más o menos legítimas, los camioneros siempre han tenido poder. Si fuera por número, son unos pocos miles, pese a ello logran llegar a La Moneda. Hasta una marcha contra la caza de ballenas en Japón podría reunir más gente, pero nadie los pescaría. A diferencia de otras veces, lo que está pasando ahora tiene varias cuestiones que llaman la atención.


Con Lagos el 2002 hubo un paro de los microbuseros. Cortaron calles, hubo querellas, y se condenó varios dirigentes a 3 años y 1 día por delitos de la Ley de Seguridad del Estado, art. 6 letras c) y d) de la Ley 12.927. La Corte confirmó, y definió “tranquilidad pública” como “aquel sereno convivir ajeno a todo atentado, libre de peligro, dentro del respeto y de la normalidad que la ley ampara, en especial cuando tutela las garantías constitucionales de todo ciudadano y cuando controla la tranquilidad del régimen interior”.


Con Bachelet los camioneros intentaron llevar camiones quemados a La Moneda. Hubo una tensa negociación y al final entró solo uno. En todo caso, se presentó una querella contra camioneros por corta la Ruta 5 el 2014 (Rol 3815-2014, Juzgado de Garantía de Linares) y otra contra los taxistas en una manifestación contra Uber en la que bloquearon las vías al aeropuerto.


La Ley de Seguridad del Estado castiga:


Artículo 6. Cometen delito contra el orden público:


c) Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública


Artículo 11. Toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública; o en las actividades de la producción, del transporte o del comercio producidos sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de las industrias vitales, constituye delito y será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio.

En la misma pena incurrirán los que induzcan, inciten o fomenten alguno de los actos ilícitos a que se refiere el inciso anterior”.


Obviamente lo que ocurre en la interrupción de instalaciones públicas (carreteras) de utilidad pública. También es una interrupción de servicio de utilidad pública como el transporte.


Y este Gobierno ha invocado esta ley antes:


La usó contra adolescentes por el “boicot” a la PSU. Contra rayados (daños) a un monumento.


Y contra unos… ¡cortes de calles! Sí, cortes de calles.


Claro que esos no eran del Gobierno, eran un radical y un independiente, y no un dirigente de camioneros que fue candidato por la UDI.


Por otro lado, el Código Penal sancionaba desde hace mucho (figura residual) a “los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado”.


Pero esto era insuficiente, según ellos, para controlar (¿reprimir?) el Estallido Social. Entonces, aparecieron las leyes antisaqueos, antibarricadas, antitodo, y sacaron un nuevo delito:


ART. 268 septies.


El que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieren sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta”.


Y en el Gobierno lo celebraron.


Queremos dar seguridad de que no habrá impunidad, dijo el ministro Blumel.


"Valoro el acuerdo que permitió aprobación de necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos", escribió el Presidente.


Y después la aplicaron. Se querellaba entonces un Intendente, se querellaban con los primera línea, varios menores de edad, que cortaban calles.


Supongo que lo lícito o ilícito de una conducta no depende de quien la cometa, eso sería un indeseable derecho penal de autor. Depende del hecho y de que se encuadre en la descripción hecha en la ley, pero parece que aquí no prima la consecuencia con la legalidad.


En octubre los Intendentes se querellaban. Ahora están más comprensivos y dicen que “No es en contra del Gobierno, es contra la violencia”. Es algo paradójico justificar una manifestación contra la violencia que use como medio la comisión de delitos, pero supongo que lo importante es la primera parte.


En eso viejos tiempos del Estallido también se querellaron por el que baila pasa”. Y los camioneros hicieron “el que baila pasa”. Y cortaron las calles, y no les sacaron ni un parte.


No hubo querellas, ni Ley de Seguridad del Estado, ni desórdenes, ni ley antibarricadas.


Y en noviembre la Ministra decía:


"Yo quiero decir, claramente, que cuando una manifestación pacífica se toma la calle, obliga a las personas a parar, a bajarse de su automóvil y los obliga a bailar en contra de su voluntad, eso ya no es una manifestación pacífica".


Y ahora el Subsecretario dice que “el diálogo es el camino” y que “ellos [los camioneros] son las verdaderas víctimas”. Hay demandas y demandas, no se le vaya a ocurrir pedir mejor salud y mejor educación.


Para qué vamos a hablar de las infracciones al toque de queda y a las normas relativas al aislamiento y distancia social en la pandemia, por lo que han formalizado a más de 6.000 personas. Se han invocado delitos contra la salud pública, por reuniones de personas, por incumplir el toque de queda, por no usar mascarilla, sin estar contagiado.


Pero los camioneros no necesitan mascarilla, y les gusta bailar con el que pase, durante el toque de queda, de noche, así que da igual. Es que son buenas personas, como el virus. Y el Ministro descarta sanciones.


Todo da más o menos lo mismo, porque hay que recordar que el Parlamento se portó mal con el Gobierno. Que había proyectos que eran iniciativa exclusiva del Presidente, que hubo mucha inconstitucionalidad, que actuaron mal, porque las cosas no estaban para ir al Tribunal Constitucional. Nadie se atrevió, así que el Parlamento los puso contra las cuerdas y eso no se hace.


Entonces Piñera les pasa la pelota. Y, muy comprensivo de las demandas de los ciudadanos, como siempre, pide que se aprueben las leyes que solicitan estas personas (no muchas tampoco) que cometen delitos (¿delincuentes les llamaban?). Llama al Congreso a entender la demanda:


Ellos nos pidieron 13 leyes, y lo hicieron de forma pública, las 13 leyes ya habían sido presentadas hacía tiempo por el gobierno al Congreso (...) están todos los proyectos con urgencia, y son todos necesarios. Por eso quiero pedirle a los parlamentarios que apuren el tranco”.


Y es que casi todo el petitorio está compuesto por proyectos de Gobierno o su coalición:


Entonces es algo así como llamar a tus amigos matones para meter presión. Después van a volver a decir que no entienden la indignación y que no la vieron venir, pero bueno… El juego es bien macabro, aunque en algún sentido es brillante.


La pregunta es: ¿de quién fue la idea?


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