“Afectaría grandemente el derecho a la seguridad social". Ese es el argumento del Gobierno ante el Tribunal Constitucional para pedir que se rechace el requerimiento por el emblemático caso de la profesora de Antofagasta.
El caso de la docente de Antofagasta María Angélica Ojeda se ha transformado en uno de los hitos de la discusión sobre las pensiones. El tema de la profesora que busca el retiro de sus ahorros previsionales escaló hasta el Tribunal Constitucional (TC), instancia donde hoy también recurrió el Gobierno a través de un requerimiento pidiendo rechazar su solicitud.
El Gobierno ingresó al TC un escrito de 52 páginas firmado por el Presidente Sebastián Piñera, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia Felipe Ward, y la titular de Trabajo María José Zaldívar, para hacerse parte del proceso.
El documento del Ejecutivo pide rechazar la solicitud de la profesora jubilada bajo el argumento de que "afectaría grandemente el derecho a la seguridad social", dado que generaría un cuadro que permitiría “entonces que todos los afiliados al Sistema de Pensiones, efectuaran la misma solicitud y en consecuencia el retiro de los fondos solicitados".
"Ello implicaría inexorablemente desconocer, lisa y llanamente, toda la normativa previsional y, peor aún, la importancia que el constituyente ha otorgado a la seguridad social, derecho que elevó a rango constitucional", añade el documento.
“No resulta razonable concebir la propiedad que sobre los fondos de pensiones tenga un afiliado al sistema de pensiones -la cual es verdadera propiedad- de manera aislada e independiente de la naturaleza del bien sobre el que recae dicha propiedad. En efecto, en la especie, la naturaleza del bien -fondos de pensiones- tiene un fin predeterminado por el derecho de la seguridad social", indicó el texto presentado por el Gobierno.
El caso llegó a manos y fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, derivado desde la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde la profesora interpuso el requerimiento. Luego del caso de Ojeda, otros tribunales de alzada regionales han derivado casos similares a TC, por lo que la resolución de éste podría sentar un precedente.