Por Eugenio Rivera Urrutia
Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Freie Universität de Berlín. Colaborador de La Casa Común y coordinador Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.
Cabe saludar el estudio sobre el costo fiscal de la nueva constitución (NC) pues ayuda a cuantificar la magnitud del esfuerzo necesario para satisfacer los derechos sociales (DDSS) que compromete y, pues deja en evidencia que la “Constitución de los Derechos” va en serio. La implementación de estos compromisos estará sujeto al principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal taxativamente especificado en el artículo 183 de la NC. El estudio presenta algunas limitaciones que acotan su relevancia.
Aplica la metodología utilizada para estimar el costo de las leyes en circunstancias que la constitución formula solo principios y los costos de implementación dependerán de la legislación que los desarrollen y de las orientaciones políticas de los distintos gobiernos que entenderán de manera diversa el contenido de los derechos. No considera el impacto positivo de los DDSS en el crecimiento de la economía y la productividad lo cual impide determinar la proporción que representan los costos estimados en el PIB de los próximos 10 años.
Esto es crucial, pues en la NC subyace el convencimiento de que la inversión en DDSS y en especial en educación, salud y cuidado, más allá de su impacto en el bienestar social, tiene un impacto positivo significativo en la capacidad de crecimiento. Piénsese por ejemplo en el impacto del sistema de cuidado en el incremento de la tasa de participación de la mujer y, en consecuencia, en la capacidad productiva del país y en los ingresos fiscales.
Los resultados de países como Dinamarca en este campo son extraordinarios. O el impacto de una educación de calidad en una economía basada en el conocimiento. Tan importante como lo anterior es que en la NC subyace la idea que solo una economía basada en la innovación, en su articulación con la protección del medioambiente y el compromiso del Estado con el desarrollo de nuevas actividades productivas y que aprovecha las oportunidades que abre la transición a una economía global verde en la cual el país tiene muchas ventajas, favorece el acelerado crecimiento del PIB, reduciendo el costo de la inversión en los DDSS que promueve la NC, como porcentaje del PIB.