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  • Fundación La Casa Común

¿Es la política económica un asunto técnico?

Actualizado: 13 feb 2023

Por Gonzalo Martner Consejero Fundación La Casa Común


La tasa de interés de política monetaria del Banco Central alcanzó entre un 1,5% en septiembre y un 2,75% en noviembre de 2021, en medio de la elección presidencial y parlamentaria reciente. Ese fue un nivel todavía razonable, luego que se aumentara las tasas poco a poco desde julio de ese año como una medida de enfriamiento de la demanda agregada frente al efecto de los retiros y de las transferencias a las familias, aunque fuera una medida algo temprana. Pero había argumentos de peso para hacerlo, pues en el segundo semestre había aumentado fuertemente el déficit fiscal y el Gobierno no había impedido los retiros de fondos de pensiones por cantidades muy altas y desestabilizadoras, mientras se deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos.


Sin embargo, pasada la elección y producido el cambio de Presidente del país y del Banco Central, este organismo decidió radicalizar su política para combatir la inflación. La tasa de interés ya debía pasar a un 5,6% en marzo ante problemas de "anclaje de expectativas". ¿Y por qué no llevarla muy por encima de las tasas norteamericanas y europeas? Que la inflación fuera en esta etapa esencialmente importada y se acelerara con la invasión rusa a Ucrania y con el aumento de los precios de alimentos y combustibles no venía al caso. Había que abatir el exceso de demanda interna del año anterior a como diera lugar.


El aumento de tasas en 2022 nunca debió producirse. No bajó en nada la inflación importada porque simplemente no podía hacerlo, pero produjo severos efectos en el empleo. En el cuarto trimestre de 2021, había unos 672 mil cesantes, mientras en el tercer trimestre de 2022 estos habían aumentado a 773 mil. Algo más de cien mil personas adicionales quedaron sin trabajo, con el impacto en sus familias respectivas –57 mil corrigiendo las variaciones estacionales–, en pleno período de plebiscito constitucional.


Agreguemos que, si bien el año 2021 terminó con un déficit fiscal de un 7,7% del PIB, financiado sin dificultad con endeudamiento a tasas razonables, el año 2022, en cambio, terminó con un superávit fiscal de un 1,1% del PIB. Incluso se produjo un superávit estructural que ni siquiera debía alcanzarse a fines del Gobierno actual (el decreto de política fiscal de la actual administración gubernamental fija una meta de balance estructural de -0,3 del PIB para 2026). Se llevó a cabo un ajuste fiscal de 8% del PIB en un año, con una caída de 23% del gasto, una brutalidad, programado por el Gobierno anterior y no corregido por el actual.


Haber bajado el déficit efectivo a -2% del PIB, por ejemplo, no hubiera comprometido en absoluto una senda de convergencia fiscal hacia la meta de leve déficit estructural en 2026 y, en cambio, hubiera permitido disminuir con menos brusquedad las transferencias a las familias en 2022 y compensar una parte mayor de las pérdidas de ingreso por la aceleración de la inflación en los sectores más vulnerables. Este habría sido un buen uso de los mayores ingresos por el alto precio del cobre de inicio de año y la recaudación por la regalía del litio, en vez de atenerse a una suerte de religión de los superávits que nadie en el mundo practica, simplemente porque no tienen racionalidad económica.


Las presiones inflacionarias por el lado de la demanda, en tanto, ya habían decaído notoriamente en el primer trimestre de 2022. La demanda interna total disminuyó nada menos que en -9,5% (y el consumo de los hogares en -7,7%) respecto al trimestre previo, dado el agotamiento del efecto de los retiros, las mayores tasas de interés y el inicio de la caída de los salarios reales. Por ello, las tasas no debieron haber subido desde su nivel de fines de 2021, salvo que se quisiera provocar una recesión, lo que efectivamente ha intentado expresamente el Banco Central. Este enfoque extremo fue asumido erróneamente como la única manera de impedir un eventual anclaje de expectativas de inflación futura en los agentes económicos. Un enfoque gradual y cauteloso era, a todas luces, más recomendable, como el utilizado por los bancos centrales en las grandes economías.


No olvidemos que hay economistas para los cuales mantener desempleos altos y salarios e impuestos bajos es una supuesta condición de rentabilidad de las empresas que redundaría en estimular la inversión, la productividad y el crecimiento. Este enfoque no es de consenso en la profesión de los economistas, pues no considera la importancia de los factores de demanda y las oscilaciones distributivas en el manejo del ciclo, con efectos de corto plazo y en el crecimiento de más largo plazo (ver aquí, por ejemplo, y los trabajos de orientación postkeynesiana de economistas como Lance Taylor, recientemente fallecido, y Stephen Marglin, o bien de economistas de la llamada corriente principal, como Paul Krugman). La orientación al pleno empleo es una meta de política económica singularmente inexistente para la ortodoxia prevaleciente en Chile, contrariamente a personalidades académicas como Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos.


Pero no hablemos de estas cosas desagradables y menos del hecho de que los especialistas discuten entre sí porque no hay verdades reveladas en estas materias. La economía es un asunto técnico que nada tiene que ver con la política y la sociedad, ¿verdad? No se le vaya a ocurrir a alguien por ahí afirmar que el resultado del plebiscito de septiembre de 2022 tuvo algo que ver con un deterioro económico programado. Y que este se prolongará durante 2023, afectando por lo menos la mitad del período de Gobierno del Presidente Boric. Y que, a pesar de un cuarto trimestre de 2022 mucho mejor de lo previsto, volvió a subir la tasa de desempleo desestacionalizada, ya por quinto mes consecutivo. Y que el número de desempleados aumentó de 672 mil a 765 mil personas en un año, a una tasa creciente trimestre a trimestre, pues se siguen incorporando nuevos contingentes al mercado de trabajo con una población de más de 15 años que crece al 1% al año, mientras más personas inactivas desean trabajar a medida que se crea más empleo.


Por su parte, el número de personas dispuestas a trabajar pero que no buscan empleo activamente (“fuerza de trabajo potencial”) pasó en un año de 848 mil a 875 mil en el cuarto trimestre. La suma de los desempleados y de los trabajadores desalentados pasó en un año de 1,52 millones de personas a 1,64 millones, unas 120 mil personas adicionales. Las personas de entre 15 y 24 años que no trabajan ni estudian (conocido como el grupo NiNi) pasaron de 360 mil hace un año a 397 mil en el cuarto trimestre de 2022, siempre según la encuesta de empleo del INE. Pero, de nuevo, ¿para qué hablar de estos temas? Para eso están los técnicos. Y, sobre todo, ¿para qué recordar la crisis profunda que ha vivido la sociedad chilena desde 2019, precisamente, por negarse a abordarlos?


Columna publicada en El Mostrador



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