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La Constitución y la reconstitución de la convivencia política y social


Fernando Atria

Presidente La Casa Común y convencional constituyente



Hace unos días, Las Últimas Noticias publicó una entrevista al profesor Juan Pablo Luna. Se trata de una reflexión extraordinariamente lúcida, en parte porque descansa en un diagnóstico social compartido por las voces más autorizadas de nuestras ciencias sociales, como las de Manuel Antonio Garretón, Kathya Araujo, Manuel Canales y otros. Quiero aprovechar esa reflexión y ese diagnóstico para mirar al proceso constituyente.


1. Una sociedad quebrada, estallada

Ese consenso coincide en la profundidad de la crisis que enfrentamos. No es una crisis episódica causada por un hecho puntual, sino una que es resultado de un proceso largo. Garretón habla de una “sociedad estallada”; Araujo de una sociedad fragmentada, de individuos que viven “todos cerca, pero islas”; Luna: “Por mucho tiempo una parte significativa de la población en Chile estaba quedándose atrás, tenía altos niveles de resentimiento y estaba desarrollando un fuerte desapego institucional por sentirse sistemáticamente vulnerada. Eso explica que el conflicto social y el descontento que vemos hoy generen una rabia difícil de canalizar y volver a un cauce institucional”.



Este diagnóstico fue sistemáticamente ignorado por la política institucional. Esto no quiere decir que haya sido ignorado por cada individuo que ocupaba cargos en la política institucional, sino que los intentos de enfrentarlo (como el programa transformador de Bachelet) fallaron porque no hubo conciencia de su urgencia. Y el hecho de que fallaran fue celebrado: cómo no recordar la intervención del entonces flamante ministro del Interior de Sebastián Piñera, que al fijar la orientación de su Gobierno, se felicitaba porque “tenemos una clase media amplia, sólida y estable, que es clave para construir un proyecto futuro (y) una democracia muy estable, que ha permitido la alternancia y épocas de desarrollo”, por lo que “no queremos que avance el proyecto de nueva Constitución presentado por Michelle Bachelet”.


Es importante entender lo que significa que se trate de una crisis que se ha desarrollado lentamente en el tiempo, ante la impasibilidad del sistema político. Lo primero que debe destacarse es que eso significa que se trata de una crisis que se desarrolló hasta el grado máximo, hasta que “estalló”.


En segundo término, significa que el proceso de desarrollo de la crisis fue progresivamente erosionando la convivencia política, afectando una a una las condiciones de la política democrática que facilitarían enfrentarla. Es como un incendio que, en su avance, quema los cuarteles de bomberos y destruye la red de agua.


En tercer lugar, el resultado de esa crisis es, como dice Luna, “una sociedad quebrada” (“estallada”, un “archipiélago”). Y una sociedad quebrada, como él también dice, “no va a dejar de estar quebrada por decreto”. Los pasos dados a ese respecto no han de ser evaluados, entonces, por su aptitud para “solucionarla”, sino por ponernos en un camino de solución que podrá ser más o menos largo, pero que tomará tiempo incluso en el mejor de los casos.


2. El proceso constituyente como “vía de solución”

Cuando la crisis estalló, en el sentido de que en su magnitud real se afirmó a sí misma, se abrió una vía de solución. No de solución en el sentido de que se permitiría superar todos los problemas, pero sí de que se podrían sentar las bases de un nuevo tipo de relación política.


Fue sin duda un acierto del proceso constituyente que en él fuera incluida con una presencia considerable esa “parte significativa de la población que estaba quedándose atrás, que tenía resentimiento y un fuerte desapego institucional”. Esto fue consecuencia del resultado de la elección de mayo de 2021, que por eso mismo hoy se mira como una “anomalía”. Esta idea de que se habría tratado de una elección anómala se basa, explícitamente, en que la derecha no tiene en la Convención Constitucional el peso que ella misma se atribuye; implícitamente, revela el desconcierto de sectores integrados ante el hecho de tener que compartir el escenario con quienes parecían “naturalmente” excluidos.


Por mi parte, no creo que haya elecciones “anómalas”: una elección es una manifestación popular, y su sentido político ha de ser explicado, no juzgado. Ella, a mi juicio, reflejó más conciencia acerca del sentido del proceso constituyente del que muestran los comentaristas actuales que la desacreditan. En efecto, los mismos votantes diferenciaron entre elegir autoridades institucionales ordinarias, para administrar la institucionalidad existente (como alcaldes, concejales y gobernadores) y elegir representantes para una discusión constitucional, una discusión cuyo contenido era (y era visto como) el que le asigna Luna: la de los términos fundamentales de la convivencia social, de modo que ellos puedan efectivamente cambiar. Enfrentada a esta segunda cuestión, la voluntad expresada en la elección fue que en la discusión constituyente debían tener una voz principal los que habían levantado el reclamo por la exclusión antes que aquellos que eran vistos como participantes de los antiguos términos, los que se hundían.


Este éxito inicial de inclusión del proceso constituyente llevó a una idea atractivamente hermosa, pero totalmente irrealista: que el proceso constituyente llevaría a esta sociedad quebrada, estallada, a ese archipiélago, entre aplausos de todos y en el plazo de un año, a una solución de paz y concordia, que sería aprobada con entusiasmo por el mismo 80% que votó por la nueva Constitución.


Era una idea bella porque expresaba exactamente el anhelo correspondiente: solucionar la crisis, restablecer la convivencia y la cohesión en una sociedad estallada. Era, sin embargo, irrealista porque romantizaba el proceso de discusión y decisión de una nueva institucionalidad con una gran diversidad de actores, hasta ahora, ignorados y excluidos. Porque quienes habían sido al fin incluidos no llegaban (no tenían por qué llegar) con “agradecimiento” por su inclusión, sino con el “resentimiento” por la exclusión, la “rabia” y el “desapego institucional” a los que se refiere Luna. El mismo logro fundamental del proceso era algo que, visto retrospectivamente, anunciaba problemas, porque se refiere a uno de los mayores aprendizajes que la sociedad chilena se debe.


3. Una discusión constituyente en condiciones especialmente adversas

Enfrentamos, entonces, una crisis que se desarrolló lentamente durante décadas y que no fue enfrentada antes de que alcanzara su grado máximo en octubre de 2019. Esto ya puede decirse que es un lugar común. Pero es menos común tomarse este diagnóstico en serio e intentar reflexionar sobre las consecuencias que implica. Genéricamente hablando, significa que el proceso constituyente tuvo que realizarse en condiciones especialmente adversas, porque como ya está dicho la crisis en su desarrollo erosionó muchas de las condiciones que facilitan un proceso de discusión y decisión como el proceso constituyente. Vale la pena intentar identificar al menos algunas de esas condiciones erosionadas.


La primera, por cierto, es el momento político en un sentido amplio. El proceso constituyente chileno se diferencia de otros procesos constituyentes usualmente citados como ejemplo en que no ocurrió al final de una dictadura, sino después de un período de treinta años de funcionamiento normal de instituciones democráticas (aunque neutralizadas). Un proceso constituyente realizado al final de una dictadura (como el de España en 1978, por ejemplo) es uno que mira con esperanza y optimismo a las instituciones de la democracia: el Parlamento, los partidos políticos, la ley. Basta pensar cómo habría sido un proceso constituyente en Chile si se hubiera producido, como el español, a la salida de la dictadura, en los primeros años de los 90: habría sido articulado por partidos políticos fuertes y socialmente legitimados, habría confiado y descansado en la política democrática por venir, en el Parlamento como su propio agente y en la ley como el medio para la realización progresiva de la nueva Constitución. Nada más lejano a nuestro actual y real proceso constituyente.


Porque nuestro proceso constituyente no mira a un pasado de dictadura y un esperanzador futuro de democracia. En cuanto a su pasado, mira a un largo y lento proceso de deslegitimación política de la institucionalidad democrática que, más que estallar, simplemente terminó de hundirse. No ve en los partidos políticos instituciones que puedan creíblemente articular y canalizar demandas ciudadanas. Esto tiene graves consecuencias: significa que esas demandas aparecen en bruto, por así decirlo, ni canalizadas ni articuladas. No hay un horizonte de confianza en los otros, lo que fue especialmente agudo en una Convención a la que llegaron por primera vez quienes siempre habían estado excluidos. El sentido de responsabilidad por instituciones que se sienten propias es casi inexistente, porque esas instituciones se ven por los excluidos como ajenas. En cuanto a su futuro, mira con recelo el momento posterior al proceso constituyente, porque teme (justificadamente o no) que la exclusión anterior se replique en la institucionalidad que viene, y teme que los partidos políticos y la ley neutralicen por acción u omisión el contenido transformador de la nueva Constitución. Esperanza en el funcionamiento normal de instituciones democráticas, partidos políticos, confianza, responsabilidad institucional; todo eso quedó en el suelo como consecuencia del avance del proceso de descomposición. ¡Y en esas condiciones la Convención debía producir una propuesta de Constitución en un año!


Además de esto, en la Convención han ocurrido cosas que van desde lo vergonzoso hasta lo inapropiado: la mentira de Rojas Vade, convencionales paseándose disfrazados de personajes de animé o hablando frente a los medios de “Convención culiá” (sic), “primero vamos por La Escondida”, sahumerios, otros que votan desde la ducha, etc. Todo esto, adicionalmente, ha sido elevado a la máxima potencia por una campaña de desprestigio que desde el principio entendió que la manera de atacar a la Convención era golpearla precisamente ahí. En efecto, el hecho de que fuera un espacio de discusión política que incluía a los que siempre habían estado excluidos, y que ocurriera cuando todas las condiciones que facilitaban su éxito estaban erosionadas, sugería que la campaña más eficaz para hacer fracasar el proceso era denunciarla como un “circo”.


4. “A pesar de todo, se mueve”

Ahora bien, pese a todo lo anterior, el trabajo de la Convención ha progresado, y ha logrado presentar al país dentro de plazo un conjunto de normas aprobadas (que todavía debe ser “armonizado”, es decir, convertido en un texto con forma y estructura de texto constitucional). Este logro ha sido evaluado positivamente por quienes observan el proceso sin tener un interés político en él. Tom Ginsburg, por ejemplo, profesor de derecho constitucional comparado en la Universidad de Chicago, ha dicho que haber alcanzado este punto en las condiciones en que se hizo “es prácticamente un milagro”.


La cuestión no es solo de plazos, sino también del camino que ha llevado a la aprobación de esas normas constitucionales y el contenido de estas. En efecto, el proceso de discusión de las normas constitucionales, que va desde la presentación de las iniciativas hasta su aprobación final, se mostró apto para ir depurando las propuestas originales de modo de construir una Constitución adecuada para Chile. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo aprobado. Pero basta seguir el camino que han recorrido las propuestas aprobadas para ver que ellas fueron evolucionando de manera de ir adquiriendo en el camino apoyo suficiente para satisfacer las exigentes condiciones de aprobación de las normas constitucionales.


Consideremos solo algunos casos. La idea originalmente propuesta por la Comisión de Forma de Estado de asambleas legislativas regionales evolucionó hacia asambleas regionales que, sin tener poder legislativo, han de constituirse en un foro de política regional que es parte de un proceso real de descentralización, construidas sobre los consejos regionales hoy existentes; las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, a veces rechazadas categóricamente en su formulación inicial, se convirtieron después de un duro trabajo de conversación y articulación política en normas constitucionales que buscan compatibilizar la protección medioambiental con el desarrollo económico; en la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento se dio una larga discusión, abierta a los diversos actores relevantes y a la crítica académica, sobre el derecho de autor, que permitió llegar a una formulación que es en principio aceptable para todos; la Comisión de Derechos Fundamentales, probablemente la más difícil de todas las comisiones de la Convención, fue capaz de proponer al Pleno, y de aprobar, un conjunto de derechos sociales a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social que afirman su carácter universal pero que dejan abierta a la política por venir las decisiones acerca de la manera de organizar estos derechos sociales y la participación en ellos de actores privados; la Comisión de Sistema Político fue capaz de ir construyendo, después de sucesivos reveses que fueron enfrentados con más conversaciones, una propuesta que fue aprobada en buena parte por el Pleno de la Convención, etc.


En todos estos casos la participación de los actores involucrados, ya formalmente haciendo presentaciones a la comisión respectiva, ya informalmente a través de la crítica y el comentario, fue un elemento relevante. La Convención en los hechos se ha mostrado sensible a la opinión del mundo fuera de ella, pese a toda la campaña en contra que ha recibido.


Mientras todo esto estaba ocurriendo en la Convención, me ha sorprendido la irresponsabilidad de muchas otras críticas livianas.


Me sorprende el escándalo que causó entre algunos comentaristas el hecho de que se propusiera, desde la Comisión de Sistema Político, que la nueva Constitución se refiriera a “organizaciones” y no a “partidos”, y que reiterara la regla, actualmente contenida en el artículo 18 del texto constitucional, conforme a la cual la ley “garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos” (que al final no fue aprobada). Es que, dijeron estos críticos, “los partidos políticos son muy importantes para la democracia”. Pero estas críticas no se hacen cargo de la radical deslegitimación actual de los partidos políticos, hoy incapaces de mediar en la discusión política. Los mismos que protestan por la enorme importancia de los partidos políticos parecen ser ciegos a su propia observación. Porque si es verdad (y yo creo que lo es) que los partidos políticos son fundamentales, entonces, que en este momento no existan partidos políticos que puedan cumplir las funciones que los hacen tan importantes, tiene consecuencias graves. Hemos visto algunas de esas consecuencias: los partidos articulan demandas sociales, recibiéndolas de sus contextos de lucha y reivindicación e incorporándolas junto a otras en un discurso que apela al interés general. Si los partidos no pueden hacer eso, porque carecen de legitimación para hacerlo, las demandas llegan a la instancia de decisión (ahora, la Convención) directamente, sin articulación previa. Y, claro, de esto también estos mismos comentaristas se quejan (lo descalifican como “identitarismo” o algo parecido). Y tienen razón en señalar los problemas que esto crea, pero es un poco absurdo señalarlos para criticar todo esto por razones normativas (“el identitarismo es malo para la democracia”, “los partidos son importantes”, etc.), ignorando al mismo tiempo la razón por la que en nuestras condiciones este no es el problema, esto es una consecuencia o manifestación del problema.


Me sorprende la incapacidad para pensar más allá de abstracciones que han mostrado muchos cientistas políticos, para quienes la necesidad de crear un poder político eficaz resulta ser totalmente irrelevante, y solo han criticado lo que ellos (incorrectamente, a mi juicio) ven como una inexistencia de contrapesos. Ellos parecen pensar que solo el Senado puede ser un contrapeso, y protestan que en caso contrario un Presidente que es elegido popularmente y logra mayoría en el Congreso podrá “hacer lo que quiera”. No parece importarles que, más allá de la caricatura expresada por lo de “lo que quiera”, en principio es algo fundamental en una democracia que un Presidente elegido –además respaldado por una mayoría parlamentaria sólida (como la que ellos temen)– pueda llevar adelante con eficacia su programa.


Me sorprende, aunque no debería sorprenderme, la irresponsabilidad de la derecha, que se ha dedicado por todos los modos a dificultar el trabajo de la CC, apostando desde el principio a su fracaso. Han falseado las normas aprobadas en discusión, han presentado como decisiones o inclinaciones de la Convención declaraciones extremistas de convencionales aislados, que por lo demás han sido después negadas por el Pleno de la misma Convención, han obstruido el trabajo apretado de la Convención con ridículas prácticas de filibusterismo, etc.



5. Las normas aprobadas sí contienen nuevos términos de la convivencia política

Pero, a pesar de todo esto, la Convención se mueve, y avanza. Creo que las normas aprobadas son en general normas adecuadas para el Chile que viene, y que corresponden a las demandas sociales que empujaron el proceso constituyente. Digo esto no porque crea que en cada caso la solución aprobada es la mejor solución. Por cierto en algunos casos he perdido votaciones y se han aprobado normas que me parecen incorrectas; claro que a veces las normas aprobadas no me parecen las más adecuadas desde el punto de vista jurídico-constitucional. Pero cuando uno mira a los ejes ordenadores de la nueva Constitución propuesta, puede advertir que ellos son aptos para sentar las bases de una nueva relación política entre nosotros, los chilenos y chilenas.


Creo que es un acierto la declaración de que Chile es un Estado Social y Democrático de derecho, y el correlativo reconocimiento de los derechos sociales. Este reconocimiento logra el equilibrio adecuado entre efectivamente reconocerlos en su dimensión de derechos de ciudadanía, por un lado, y dejar a la discusión y decisión política la cuestión del modo más adecuado de realizarlos, porque lo que la nueva Constitución no contiene es una regulación de los derechos neutralizadora de la política democrática. El Estado social de derecho es una forma de Estado de derecho (sujeción a la ley, gobierno limitado, etc.) pero que, a diferencia del Estado “liberal” de derecho cuyo deber es realizar derechos civiles y políticos solamente, asume el deber de realizar derechos sociales. De este modo se compromete con la idea de que la prosperidad material de la sociedad ha de ser puesta al servicio de asegurar las condiciones materiales de la libertad de todos, y beneficia de este modo a todos, no como “ayuda” o “asistencia”, sino porque es el derecho de cada uno.


El Estado social y los derechos sociales son elementos esenciales de una nueva relación política como la que la nueva Constitución puede empezar a crear. Y, a pesar de mucha propaganda en contrario, el modo en que ellos fueron incluidos no implica estatización de los servicios respectivos ni cierra posibilidades incluyendo modelos específicos de provisión. La cuestión de cómo participarán agentes privados en el sistema de salud, o de cuánto ahorro individual habrá en el sistema previsional, quedan abiertas en el texto constitucional, que por su parte también reconoce la educación no estatal (en tanto se refiere a la “creada o reconocida por el Estado) y asegura la libertad de enseñanza. Por cierto, la Constitución sí contiene decisiones relevantes en estas materias: los derechos sociales no son compatibles con el mercado, y por eso la participación de los privados en salud debe ser en términos compatibles con la existencia de un sistema nacional de salud; por eso los principios de la seguridad social excluyen un sistema previsional únicamente de ahorro individual; por eso la libertad de enseñanza reconoce como límites los principios de la nueva Constitución. Pero esos derechos no imponen modelos únicos, no remueven esa discusión de la política democrática por venir.


Creo que la nueva Constitución inaugura por fin un nuevo trato entre el Estado y los pueblos originarios. El discurso de que se crean “privilegios” es un intento de utilizar contra la Convención y la nueva Constitución una suerte de racismo subyacente que los impulsores de esa campaña creen que está ahí, latente en la sociedad. Espero que no tengan éxito en eso. La campaña contra la palabra “plurinacionalidad” muestra el oportunismo de declaraciones anteriores, en que algunos de los mismos convencionales que hoy acusan “privilegios” anunciaban su disposición a “instalar, en la futura Constitución, una nueva forma de relacionamiento entre el Estado, los pueblos originarios y la sociedad en su conjunto”. Esa nueva forma de relacionamiento, parece, la pensaban como puramente declaratoria, sin contenido. Porque ahora se oponen a soluciones que en muchos otros países, que han enfrentado antes este problema, son totalmente habituales, como territorios indígenas especiales, el reconocimiento de sus tradiciones y costumbres para la solución de sus propias controversias, el reconocimiento constitucional del problema de las tierras de los mapuche (reconocimiento, vale la pena mencionar, que se hizo con plena conciencia de que sobre esas tierras hoy hay derechos de terceros que por cierto gozan de protección constitucional, lo que habrá de llevar, como ha ocurrido en otros países que antes han enfrentado el mismo problema, a una solución que no está en la Constitución, sino que deberá ser construida democráticamente). Cuando la cuestión era en abstracto, todos celebraban la posibilidad de que este proceso constituyente fuera una oportunidad para enfrentar por fin el problema de la relación entre el Estado y los pueblos originarios; ahora, cuando se han acordado soluciones concretas que transforman esa relación, se trata de “privilegios”, de “charquear el país”, etc.


Creo que el sistema político que ya ha sido aprobado (con algunas incoherencias que espero que sean solucionadas en la fase de armonización) es un sistema político que cumple lo que, a mi juicio, era la primera prioridad de la nueva Constitución: configurar un poder político democrático eficaz. Constituir un poder político democrático eficaz es la dimensión fundamental de la Constitución, porque solo un poder así configurado podrá ser visto por la ciudadanía como algo que existe para habilitarla para decidir sobre los términos de la vida en común, antes que para servir los intereses de la “clase política”. Esta fue, en mi opinión, la causa principal de la deslegitimación de la institucionalidad política anterior. La nueva Constitución, por su parte, termina con los cerrojos de la Constitución tramposa: elimina la anomalía del control preventivo de constitucionalidad, restablece la regla democrática de que la ley se aprueba por mayoría de los representantes, y configura un sistema que, con correcciones, reconoce la importancia tanto del principio democrático de “una persona, un voto” como de una genuina representación de las regiones.


Creo que el diseño de Estado Regional ha sido pensado con cuidado, y avanzará en la línea imprescindible de la descentralización. Por cierto, no es algo que se realizará plenamente al día siguiente de la promulgación de la nueva Constitución: será un proceso de construcción, pero apunta en la dirección correcta de transferir poder desde el centro a las regiones.


Creo que la preocupación medioambiental que atraviesa las normas ya aprobadas es también parte de la redefinición de nuestras relaciones políticas. En efecto, esa preocupación no tiene solo el propósito de proteger los derechos de la naturaleza misma sino, sobre todo, muestra conciencia de la necesidad de poner límites a la destrucción de nuestro patrimonio ambiental común en beneficio de unos pocos. Recordemos aquí que fue la protesta contra HidroAysén la que convocó las primeras manifestaciones realmente masivas en 2011 (después la masividad de esas manifestaciones fue opacada por el movimiento estudiantil de ese mismo año). ¿Cómo es que –se preguntaban muchos comentaristas– tantas personas protestan por un paisaje que no han visitado y que probablemente no visitarán en su vida? En mi opinión, parte de la respuesta es que todos hemos aprendido a mirar esos valles como un tesoro ambiental, y ahora veíamos que estaba siendo destruido para beneficiar a unos pocos. Por eso la cuestión medioambiental no es solo una cuestión medioambiental, es una cuestión social y política.


Otras cuestiones importantes, pese a las aprensiones iniciales, han sido también solucionadas de buena manera. La Corte Constitucional que se propone crear será un órgano que protegerá la Constitución pero su configuración no es ingenua como lo fue la del Tribunal Constitucional en 2005. En efecto, ella muestra conciencia del riesgo de que se transforme en una tercera cámara, así como del riesgo de que el recurso de inaplicabilidad sea usado por litigantes interesados solo en dilatar los juicios; el Banco Central mantiene su autonomía. Es verdad que ahora tiene un objeto más amplio que el de la Constitución vigente, pero es un objeto en cuya redacción se tuvo especial atención a las propuestas del propio Banco Central y que en todo caso deberá ser perseguido por este de acuerdo a su propio criterio, etc. Estas cuestiones se discutieron recibiendo y escuchado opiniones de expertos, en una discusión que fue modificando el contenido de las decisiones a medida que iba avanzando el proceso de elaboración de normas constitucionales.


Todo lo anterior va a ser más claro cuando el texto ya esté aprobado. Entonces la discusión dejará de ser sobre la Convención y pasará a ser sobre la Constitución que ella le propone al país. Entonces empezará de verdad la campaña para el plebiscito.


6. ¿Hay una “tercera vía”?

Pero en realidad la campaña del Rechazo ya ha empezado. Y aquí es importante decir algo sobre el escenario del Rechazo. Esta discusión se dificulta por la facilidad para el escándalo, la exageración y la caricatura que siempre ha caracterizado nuestra discusión constitucional. En esta discusión, las posiciones del otro no se presentan como desacuerdos substantivos, sino como indicativas de su perversidad, totalitarismo o, en algún otro sentido, inmoralidad. Las diferencias sobre sistema político, por ejemplo, son intentos del otro de actuar “hiriendo de muerte a la democracia”; la afirmación de que el proceso constituyente solo se hizo posible dados los hechos del 18 de octubre y días posteriores es presentado como “romantización de la violencia obscena”; afirmar que el fracaso del proceso constituyente tendría graves consecuencias es acusado como “amenazas” o “campaña del terror”, etc.


El punto de partida debe ser el diagnóstico de Juan Pablo Luna, Manuel Antonio Garretón, Kathya Araujo, Manuel Canales y otros: Chile es una sociedad quebrada y que no va a dejar de estar quebrada por decreto. “La Convención”, dice Luna, “puede ser un punto de partida para ir sentando las bases para que esta sociedad progresivamente empiece a funcionar con lógicas que permitan un nuevo modelo de relación, de cohesión social”. Este es el sentido del proceso constituyente: que la nueva Constitución permita una forma de relación política distinta que vaya progresivamente restableciendo los vínculos sociales que hoy están quebrados. Por eso la importancia del Estado social de derecho, de un nuevo trato con los pueblos originarios, del Estado regional, del nuevo sistema político, de la centralidad de la protección del medioambiente. Todo esto es acerca de sentar las bases de una nueva relación política entre todos.


Si la nueva Constitución fuera rechazada, no habría un punto de partida para este proceso. Eso quiere decir que quedaríamos donde estábamos: con una sociedad quebrada y en crisis, un archipiélago sin expectativas de algo que permita un nuevo comienzo. Mi impresión es que la posibilidad de que esta crisis pueda enfrentarse de un modo participativo e inclusivo quedaría cerrada, lo que obligaría a enfrentarla de otra manera (un “gran acuerdo” parlamentario, una “comisión de expertos”, etc.). Estas otras maneras probablemente lograrían evitar participantes refiriéndose en público con vulgaridades a sus colegas, usando disfraces, votando desde la ducha y haciendo sahumerios, pero dada la rabia y el desprestigio institucional actualmente existentes, es poco probable que fueran capaces de configurar algo que sea visto y aceptado como el inicio de la nueva relación que correctamente reclama Luna. Y entonces esta sociedad quebrada será además una sociedad sin esperanza de que sea posible algo distinto.


7. “La casa de todos”

La Constitución, se dice hoy en tono crítico, no será “la casa de todos”. Como ya está dicho, dadas las características del proceso constituyente, del momento político en que se hizo posible y de las circunstancias en que debió ser llevado adelante, la expectativa de que la nueva Constitución sería aprobada con entusiasmo por el mismo 80% que se manifestó en el plebiscito de entrada era totalmente irrealista. La Constitución no será “de todos” en el sentido de ser votada aprobatoriamente por el 80%.


Pero hay otro sentido en que todavía puede ser de todos. Ella creará una institucionalidad política que permitirá la expresión y eventual realización de diversos proyectos políticos, sin privilegiar ninguno de ellos. Precisamente porque no será una institucionalidad que excluya de este modo proyectos políticos, podrá ser asumida como propia por todos.


¿Es razonable esperar que sea “de todos” en todavía otro sentido, más exigente? ¿Puede pensarse que será capaz de suscitar “patriotismo constitucional”? Esto supone que ella sea común en el sentido de que todos reconocemos hacia ella un deber de lealtad. ¿Es razonable esperar que esto ocurra? Esta pregunta no puede ser respondida hoy. En efecto, hoy parece inevitable que el plebiscito de septiembre sea altamente adversarial. Y un plebiscito adversarial, en que una parte considerable del país es derrotada, no parece ser el camino hacia una práctica generalizada de patriotismo constitucional. Pero eso no determina la suerte de la nueva Constitución. Porque una Constitución no queda amarrada a su momento original, sino se desarrolla en el tiempo. Y en el tiempo es posible que lo que fue originariamente adversarial devenga común. Para eso es crítico que, más allá de las caricaturas y distorsiones propias de la campaña, en su operación la institucionalidad que crea no sea vivida como partisana: por eso la Constitución de 1980 nunca superó su mancha inicial. Pero una Constitución como la que se votará en septiembre, que no es en ese sentido neutralizadora sino habilitadora, podrá ser reconocida como propia por todos en el tiempo.


De este modo hay correspondencia entre lo que en sentido realista puede significar la metáfora de la “casa de todos” y el sentido del proceso constituyente. Porque la idea bella pero irrealista a la que hemos hecho referencia tiene como correlato la expectativa, igualmente irrealista, de que el proceso constituyente solucione por sí mismo la crisis que lo hizo necesario. La expectativa razonable que ha de reemplazar a ambas es que la nueva Constitución cambie los términos de nuestra convivencia política de modo que, viviendo bajo esos nuevos términos, sea posible reparar nuestra sociedad estallada, transformar el archipiélago en una comunidad política. En la medida en que este proceso avance, podemos esperar que la Constitución que hizo posible esta recomposición de la sociedad chilena será vista progresivamente como la Constitución de esa comunidad política, la de todos.

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