Por Eugenio Rivera Urrutia
Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Freie Universität de Berlín. Colaborador de La Casa Común y coordinador Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.
El debate sobre la dimensión económica de la nueva constitución (NC) ha omitido el análisis de la lógica que orienta las normas específicas. Cinco son los principios que estructuran el orden económico constitucional: el Estado social y democrático de derechos, la estructuración de una sinergia positiva entre la economía y el medioambiente, la apuesta por una economía basada en el conocimiento y la innovación, la descentralización y el rol protagónico de las regiones en el desarrollo y el nuevo rol del Estado en la innovación y la promoción de la iniciativa privada.
El Estado social y democrático de derechos es crucial para la economía. Al comprometerse con un sistema de salud de calidad para todos, con el derecho a la vivienda y la seguridad social crea condiciones para una mayor integración y paz social. El énfasis en la educación contribuye a un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Una salud de calidad se traduce en menos ausencias y trabajadores más productivos. La paridad y el compromiso con un sistema nacional de cuidados releva la necesidad de que la mujer asuma un rol directivo en la vida económica y aumenta su tasa de participación y con ello se da un fuerte impulso a la producción de bienes y servicios. Así mejorará el ingreso de las familias. El cuidado genera además más actividad económica. El fortalecimiento de los derechos laborales implicará que los trabajadores se sentirán más respetados en su dignidad y derechos. La investigación científica ha dejado en evidencia la importancia de los trabadores en la innovación.
La atención preferente del medioambiente responde a las preocupaciones por la sobrevivencia del planeta, pero también a la necesidad de viabilizar nuestra forma de inserción internacional y de abrir nuevas actividades consistentes con un mundo sin energías fósiles. Es una opción inteligente pues la demanda global exige productos limpios y energía verde, en todo lo cual, Chile tiene fuertes ventajas competitivas como lo muestra el potencial de producción de hidrógeno verde asociado a nuestra fuerza en la generación energía eólica y solar. La NC orienta también la decisión de transitar desde la propiedad de los derechos de agua (que mantiene su vigencia hasta que el Congreso dicte las leyes correspondientes) hacia un sistema de autorizaciones administrativas sustentado en la plena vigencia del Estado de Derecho y administrado por los consejos de Cuencas constituidos democráticamente y la Agencia Nacional de Aguas, órgano autónomo, que vela por el uso razonable del agua.
Atraviesa la NC la preocupación por la cultura, por la educación, por la libertad de enseñanza y de impulsar diversos proyectos educativos y exige del Estado en su artículo 97 estimular, promover y fortalecer la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento todo lo cual tiene como motivación las debilidades de nuestro estilo de crecimiento.
El Estado Regional responde a la demanda de las regiones por asumir el rol protagónico que les corresponde en la marcha del país y a la convicción de que no habrá un crecimiento económico dinámico si las regiones no asumen el protagonismo en su desarrollo. De ahí los elementos de descentralización financiera que incluye la NC, como son atribuciones en la fijación de tasas, creación de empresas públicas y capacidad de endeudamiento. Todo ello estará regulado por leyes y guiado por el artículo 183 que señala taxativamente que “las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles” y en el inciso siguiente indica que “El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la constitución y las leyes les impongan”.
En relación con el nuevo rol del Estado, la NC lo responsabiliza del combate al cambio climático y sus consecuencias sobre la capacidad productiva del país; lo obliga a desarrollar políticas públicas para la actividad minera y sus encadenamientos productivos y le exige fomentar la innovación en la economía en general. También prevenir y sancionar los abusos de poder de mercado, cuestión clave para la competencia y abre la posibilidad de crear empresas públicas que impulsen actividades relevantes para el país en colaboración estrecha con el sector privado. Promueve un nuevo pacto social, con el cual se comprometan los distintos agentes económicos.