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Nueva estructura de la Potestad Legislativa del Estado, cambios dentro de una tradición

Por Manuel José Benítez

Abogado Constitucionalista y colaborador de La Casa Común.


La Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral ha logrado un arduo acuerdo en torno al corazón de la nueva Constitución o la denominada “Sala de Máquinas”, estableciéndose cómo se va a estructurar el poder en dos de los tres Poderes del Estado.


Sin duda que para el proceso constituyente es una gran noticia de que en la Comisión y, al parecer, con buenas perspectivas en el Pleno, se haya acordado por la mayoría de los conglomerados una formula coherente y clara para el diseño Institucional de nuestro Estado. Luego de este fundamental avance, al fin sí podemos empezar a pensar de que una nueva Constitución para Chile va a ser posible de ser lograda en los plazos establecidos.


Dentro del nuevo modelo, se, destaca la conformación que tendrá la potestad legislativa, ya que, a diferencia del actual Congreso Nacional que posee dos Cámaras para la revisión de los proyectos de ley, ahora dicha potestad legislativa quedará entregada, por regla general, a una sola Cámara que será denominada “Congreso de las Diputados y Diputadas”.


El criterio de representación para este Congreso es el de proporcionalidad, es decir que el sistema electoral deberá asegurar, lo más cerca posible, la proporción “una persona un voto”.


Además de lo anterior, el diseño de la potestad legislativa contempla otro órgano denominado “Cámara de las Regiones” como un órgano de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional, componiéndose este órgano de igual número de representantes por Región, con independencia de su número de habitantes, siendo con esto un contrapeso a la proporcionalidad del Congreso de los Diputados y las Diputadas.


Respecto a esta nueva estructura de la potestad legislativa del Estado caben muchos aspectos a estudiar en detalle, dentro de lo que es el nuevo proceso de formación de la ley que se ha establecido; como son, por ejemplo, el tema de las urgencias, la iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica o el poder de veto. Sin embargo antes de entrar a dichas materias, cabe una reflexión general sobre la nueva estructura legislativa propuesta, en cuanto a si rompe totalmente con nuestra tradición republicana o si, por el contrario, esta es una evolución dentro de una misma tradición.


Para responder esta pregunta hay que revisar nuestra historia Constitucional para darnos cuenta que, desde la creación del primer “Senado” por el Reglamento Constitucional de 1812,que estaba integrado por “diputados”, la potestad legislativa ha tenido numerosísimos cambios. Han sido de una gran profundidad como fue el hecho de que Chile tuvo una Republica Parlamentaria desde 1891 hasta 1925, así como de todos los cambios que ha tenido dicha potestad en la actual Constitución de 1980 que, inicialmente, contemplaba instituciones como los Senadores designados y vitalicios, por lo que, teniendo esto en cuenta y viendo los alcances del acuerdo de la Comisión de Sistema Político, podemos afirmar que dicho acuerdo, sin duda, es un cambio profundo, pero que dicho cambio se enmarca dentro de lo que ha sido nuestra tradición republicana en materia de potestad legislativa del Estado.


Una segunda reflexión que cabe efectuar es sobre las intenciones finales de este nuevo modelo de organización de la potestad legislativa.


Chile, desde hace años, se encuentra en una crisis social e institucional en donde muchas instituciones se encuentran altamente cuestionadas, y dentro de ellas el Congreso Nacional y sus legisladores , alcanzándose niveles más que preocupantes de deslegitimación de este poder del Estado, ya sea, por los actos de corrupción que los ha afectado pero, por sobre todo, por la sensación general de que los políticos y el Congreso da lo mismo quien lo integre, ya que estos no tienen el poder para efectuar los cambios que prometen.


Dicha sensación que tiene la ciudadanía, tiene una explicación bien clara en nuestro actual modelo de ejercicio de la potestad legislativa a través de un Congreso Nacional. En éste para aprobar una ley, se debe pasar por la lenta y reiterativa revisión de dos Cámaras, entrampándose las más de las veces las posibilidades de que un Gobierno pueda efectivamente gobernar, lo cual, ha redundado en la sensación de que los políticos “no sirven para nada”.


Con el nuevo modelo unicameral de producción legislativa es esperable de que se avance con mayor rapidez, sobre todo en evitar rituales legislativos que, hoy en día, no tienen ningún sentido. Esto además, es una posibilidad para modernizar nuestra práctica legislativa con nuevos mecanismos que incorporen las nuevas tecnologías como, asimismo, que promuevan una formación y participación ciudadana en los procesos legislativos, y con esto lograr el fin último de esta propuesta, efectuada por la Comisión, que es devolver a la ciudadanía la confianza en sus instituciones y representantes.


Por último respecto a nuestra tradición legislativa, existe algo que debe ser rescatado y esta es la enorme riqueza y experiencia que posee la actual Cámara de Diputados y el Senado en sus funcionarios, que trabajan asistiendo el trabajo legislativo tanto en Comisiones como también en la Sala. Dicha experiencia no debe perderse, sino, por el contrario, sería ideal que en la regulación transitoria que se debe efectuar para el paso desde la actual institucionalidad a la nueva, se establezca una norma que asegure el traspaso de dicho personal, de manera de que los nuevos órganos cuenten con un personal de excelencia comprobada.

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