Por Osvaldo Torres, director ejecutivo La Casa Común.
La agenda política, luego del 18 de octubre del 2019, ha tenido dos temas centrales, las cuestiones relativas al proceso constituyente (Plebiscito y elección de Convencionales) y las formas de enfrentar la pandemia del Covid 19. Todo ello en un marco de alta incertidumbre, cambiantes estrategias gubernamentales y una confrontación política bastante caótica e incomprensible para el grueso de la población, que intenta sobrevivir en este contexto. Una muestra de ello y de otros problemas es un gobierno que ha cambiado en más de tres oportunidades su gabinete político reflejando el grado de desorientación y divergencias internas para encarar la ya prolongada y estructural crisis que vive el país.
El gobierno decidió que la crisis la resolvería imponiendo un orden desde arriba, desplegando a la policía militarizada y recurriendo a las recetas monetaristas del neoliberalismo. Sin embargo, hay un olvido que es el siguiente: la protesta social del 18 de octubre y meses siguientes, estalló por el hastío hacia un gobierno que había prometido “tiempos mejores”: duplicando los empleos, mejorando la seguridad ciudadana, protegiendo a la clase media y a “nuestros niños”, etc. Fue electo por mayoría, pero no respondió a la desesperanza y decepción de esa población, hacia quienes habían conducido la transición prometiendo un “Chile justo y bueno”, al dejarlos en manos del “cruel mercado” y sin protecciones ante los abusos reiterados. En resumen, el gobierno de Chile Vamos, en su corto andar, ya había demostrado una total insensibilidad ante la precaria situación de vida y abusos en que vivía la población.
Lo reiteran hasta hoy con las declaraciones del jefe del empresariado J. Sutil, de la agro industria Ariztía o el de la Cámara de la Construcción. Es la incapacidad efectiva de gobernar para el país real y las 341 comunas restantes del país.
En definitiva, se pueden discutir los factores estructurales y coyunturales que motivan la protesta social desde el 18 O, pero las consignas eran claras: “¡Fuera Piñera”, la que se complementó con la demanda, de “Asamblea Constituyente ya!”. Estas agrupaban las múltiples demandas parciales de un gran y fragmentado movimiento social. La elite política consensuó esta última demanda convocando al proceso constituyente y por tanto cediendo en este punto estratégico, con la esperanza que Piñera se estabilizara, cumpliendo el período de su mandato y evitando así un período caótico.
Sin embargo, como lo enseña la parábola del escorpión y la rana, el que se hace del gobierno para enriquecerse, junto a su elite económica, no puede dejar de hacerlo, aunque ponga en riesgo su propia existencia. En este sentido la encuesta COES sobre la elite económica chilena es expresiva del grado de desconexión que tienen con la realidad que vive la mayoría de las chilenas y chilenos.
Dicho lo anterior, Piñera, ante la aprobación por el Congreso del tercer retiro de fondos de las AFP, a sabiendas de la crisis de la representación política, de la credibilidad en las instituciones fundantes como las FFAA, la Iglesia y de los poderes como el Judicial y los medios de comunicación tradicionales -con cada vez menos audiencia-, decidió concurrir al Tribunal Constitucional -un organismo en crisis y desprestigiado; tercera Cámara como ha reconocido su presidenta - para detener la decisión por cuórum calificado de ambas cámaras del Congreso.
Lo que está en juego entonces ahora, es si se resolverá la primera demanda del movimiento social, la exigencia “Fuera Piñera”, ante la evidencia que el gobierno no supo canalizar el acuerdo del 15 de noviembre para lograr estabilizarse.
La disyuntiva en que ha quedado es la siguiente:
a) Gana el recurso en el TC y la reacción popular será instantánea y masiva rechazando tal fallo. Las calles se llenarán de barricadas, volverá la violencia y ahora se sumarán los trabajadores de sectores estratégicos de la economía primario exportadora. Ni sus partidarios podrán culpar a potencia extranjera alguna o al terrorismo. En resumen, desestabilizará el país y su discurso de respeto a la Constitución repudiada por el 80% lo llevará a su final.
b) Pierde el recurso en el TC y su derrota implicará que su capacidad de gobernar es nula (lo que ya es obvio) y que no cuenta con el apoyo de su alianza política en el Congreso (lo que también es obvio), su Gabinete no podrá conducir nada (cosa que ya ocurre), y quedará al desnudo su insensatez de dañar al pueblo esgrimiendo un fracasado argumento de inconstitucionalidad. Ante esa derrota, nadie podrá convivir en un sistema hiperpresidencializado, con el actual presidente.
En definitiva, estamos entrando al final de la aventura. El futuro es más incierto que nunca. Nadie querrá para Chile un baño de sangre, derramada por aquellos que luchan por su subsistencia. Pero, son pocos los disponibles a seguir sobreviviendo con este presidente. Porque al final de cuentas, Pinochet fue un dictador sanguinario con un apoyo del 46% del electorado y las armas (por temor y adhesión), en cambio Piñera ha llegado a ser un presidente represivo, violador de los derechos humanos -en menor escala que aquel- pero con incluso menor respaldo que el dictador.
Así las cosas, una negociación como la emprendida a última hora por el gobierno, prometiendo negociar un nuevo proyecto de ayuda a la población sin retirar el requerimiento de inconstitucionalidad al tercer retiro de las AFP, ha fracasado. Pues como señalan los senadores de oposición e independientes, nada se puede decidir ya a espaldas de la ciudadanía.
Un tercer camino, es devolverse por el callejón y pagar las consecuencias políticas de esa acción.
