Por Boris Briones, doctor en historia y socio de La Casa Común.
No todos los días se presenta la oportunidad de escribir una nueva Constitución. El momento es histórico porque se escribirá por primera vez en condiciones que antes no ocurrieron: con representantes electos para tal fin, con los pueblos indígenas, en paridad y con una alta participación de independientes y personas de los partidos no tradicionales.
Sin duda, muchos temas país deben estar contenidos en la Constitución, hay algunos que son fundamentales para el desarrollo de la nación en el corto plazo, sin embargo hay algunos menos conocidos que son de igual interés.
Un tema que genera controversia en Chile es la relación que existe entre el Estado y la religión. Si bien ya con la Constitución de 1925 se establece la separación Iglesia–Estado, en la actualidad la Constitución no expresa el concepto de Estado laico. Hoy se garantiza la libertad de culto pero no se habla de la intromisión de la religión en el aparato estatal, asunto que ocurre a diario.
Es común ver en oficinas gubernamentales referencias a distintos credos tales como crucifijos o imágenes de la Virgen, entre otros. También es común ver cómo la religión busca ser parte de la discusión pública, lo que por supuesto es correcto, ya que todos tenemos opinión y tenemos derecho a expresar lo que sentimos.
El problema viene cuando hay tradiciones que implican que recursos del Estado se utilicen para fines religiosos, de ahí la importancia de que el Estado no profese ninguna religión. En el siglo XXI no se justifican ceremonias como el Te Deum ni tampoco se justifica que el Estado acuda con recursos económicos para beneficiar a determinadas religiones, ni que entregue infraestructura pública para el uso religioso.
Recientemente el tema de la religión ha vuelto a la palestra pública, principalmente por el rechazo de los sectores más conservadores al matrimonio igualitario anunciado por el presidente Piñera. Por ejemplo, la Iglesia Católica, atribuyéndose la vocería de Dios, dijo mediante un comunicado público de la Conferencia Episcopal respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo: “Lo establecido y querido por Dios es que sea solo entre un varón y una mujer”.
Es adecuado que cualquier país democrático respete la libertad espiritual y religiosa de sus ciudadanos. Cualquier religión puede tener espacio en el desarrollo de la República pero no pueden existir unas religiones por sobre otras, no deben existir privilegios para ciertos grupos y la religión no puede tener incidencia en la elaboración de políticas públicas, porque estas se hacen pensando en el bien de los ciudadanos desde una perspectiva amplia: derechos humanos, salud pública, derechos civiles, etc. Discursos de moral religiosa no se pueden utilizar como argumentos para aprobar o rechazar ciertas leyes, no se puede legislar bajo dogmas personales, no se debe imponer la religión. Por esto, una nueva Constitución debe garantizar un Estado laico de carácter no confesional, para que todas las religiones estén en igualdad de condiciones y no haya privilegios para unas pocas, además de prevenir el fundamentalismo religioso. La Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica ha señalado que “la laicidad es un valor positivo que consiste en afirmar la unidad entre los ciudadanos y ciudadanas basándose en lo que tienen en común como miembros de una comunidad política independientemente de sus creencias religiosas o espirituales particulares”. Una nueva forma de repensar la convivencia en una sociedad democrática del siglo XXI. En definitiva, la religión puede y debe seguir teniendo opinión, pero no incidencia política, se debe fomentar el diálogo interreligioso, pero los recursos del Estado no se deben destinar para las religiones y deben encontrarse en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, esto implica que paguen contribuciones e impuesto a la renta como todos.
El problema de la religión es tan complejo que hoy la enseñanza en los colegios es obligatoria, pero solo se remite a un par de religiones y de modo confesional. Igualmente existen médicos que se pueden negar a realizar procedimientos como la esterilización masculina y femenina, también por motivos religiosos. Religión y Estado son incompatibles.
