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Pluralismo Jurídico en la nueva Constitución: un avance para nuestros pueblos originarios


Por Manuel José Benítez G.

Abogado Constitucionalista y Asesor legislativo



La Convención Constitucional ha comenzado la votación en general de las normas que formarán parte de nuestro nuevo texto constitucional, comenzando con el capítulo “Sistemas de Justicia” en donde, en uno de sus artículos, se consagra el concepto de “pluralismo jurídico”.


El pluralismo jurídico es una elaboración conceptual que se encuentra concebida como una respuesta al centralismo legal y que surge en los años 70 del siglo pasado. El centralismo legal es una ideología que restringe el dominio legal al “Derecho del Estado” o al “Derecho Oficial”. Para esta ideología solo constituyen derecho aquellas normas de conductas sancionadas por el Estado, siguiendo los principios de las democracias modernas, y que son reconocidos como tales por los discursos académicos que dominan la producción y reproducción del conocimiento jurídico.


Ante esto, diversas corrientes de pensamiento anticolonialistas, postestructuralistas y de la economía política han criticado esta concepción colonialista y eurocéntrica del proyecto defendido por el centralismo legal.


Así las cosas, el Convenio 169 de la OIT, de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, consagra el derecho de los pueblos originarios a contar con un derecho propio y a una jurisdicción especial indígena. Este Convenio ha sido ratificado por Chile y ha sido adoptado este principio del pluralismo jurídico por diversos países que han ratificado el Convenio 169 en sus Constituciones, como son el caso de Colombia en 1991, Perú en 1993, Bolivia en 1994, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999.

Asimismo, países como Canadá y Nueva Zelandia han consagrado el pluralismo jurídico pero de manera diferente a la de los países latinoamericanos.

Los contenidos mínimos de este derecho son la existencia de un sistema de normas o derecho consuetudinario, y por ende de la potestad normativa o reguladora de los pueblos y las comunidades indígenas y la función jurisdiccional especial o la potestad de impartir o administrar justicia.


En materia de competencia se ha entendido que, territorialmente, la competencia se da, por lo menos, dentro de los territorios que dichos pueblos o comunidades ocupan o utilizan de alguna manera por regla general, pudiendo ampliarse por motivos de competencia personal o material.


Importante es destacar que todos los textos constitucionales que consagran este pluralismo jurídico, establecen la necesidad de la dictación de una ley de coordinación entre la jurisdicción especial y la jurisdicción nacional, cuestión que estimamos fundamental para dar viabilidad real a este principio jurídico que se pretende incorporar en nuestra Constitución.

Por último, como análisis general de este concepto, cabe señalar que, tanto el Convenio 169 como los textos constitucionales que trabajan el concepto de pluralismo jurídico, ponen como límite a éste la no violación de derechos fundamentales ni humanos.

Como se ha dicho, la Convención Constitucional en nuestro país ha aprobado, en general, una norma que consagra el pluralismo jurídico del siguiente contenido “El Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”.


Lo primera reflexión que debe hacerse frente a la consagración del pluralismo jurídico en nuestra Constitución, es que con ello Chile está avanzando en las tendencias constitucionales más de vanguardia y que en países muy desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelandia han tenido recepción y cabida, así como en otros países de distintos continentes.


Además el derecho de los pueblos originarios a una debida autonomía para poder vivir según sus costumbres y usos jurídicos es un acto de reparación que debe hoy en día efectuar nuestra sociedad, luego de más de un siglo de desconocimiento y abuso para dichos pueblos.

Ahora bien, afirmado lo anterior, se estima que el texto actualmente aprobado por la Convención debe ser objeto de algunos ajustes y precisiones de manera de garantizar de manera efectiva la real existencia y supervivencia de este principio en nuestro ordenamiento jurídico.


En primer lugar, queda el gran desafío de delimitar territorialmente la competencia que se le dará a esta nueva jurisdicción especial indígena, sobre todo considerando que el Convenio 169 de la OIT define el territorio como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan o utilizan de alguna manera”, por lo que, con la actual consagración constitucional del pluralismo jurídico, para ser implementada efectivamente debe provocar certeza y seguridad jurídica estableciendo los sujetos y territorios a los que se les aplicará este tipo de normas.


Lo segundo es que el texto constitucional debe necesariamente establecer el mandato al legislador de dictar una ley de coordinación del sistema jurisdiccional especial indígena y el sistema jurisdiccional nacional, ya que sin esa ley resultará imposible la aplicación práctica de cualquier intento de pluralismo jurídico.

Por último, un tema importante es la referencia a “los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”. Dicha referencia parece a todas luces errada conceptualmente desde el punto de vista del rigor jurídico que deben poseer las Constituciones.


El derecho reconoce la existencia solo de fuentes formales de normas, no existiendo ninguna fuente formal del derecho que diga relación con “estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”.Una garantía fundamental detrás del formalismo del derecho en la creación de normas, cuál es la igualdad ante la ley, principio base de la existencia de los “Estados Constitucionales y democráticos de Derecho”, por lo que cualquier afectación a dicha garantía como es el incorporar fuentes no formales, debe ser descartada de plano. Los estándares internacionales de derechos humanos, no requieren de interpretación intercultural, si no de su aplicación, incluidos aquellos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. por la Convención Constituyente.


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