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[P1] Proceso constituyente: oportunidad para repensar la Transformación Digital de Chile

Actualizado: jun 24

Por Ricardo Baeza Yates, doctor en Computación; profesor en el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial de Northeastern University (Silicon Valley campus), de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) y de la Universidad de Chile; miembro del DATA Lab del Khoury College of Computer Sciences y del Consejo Asesor en Inteligencia Artificial del gobierno español. Y Didier de Saint Pierre, ingeniero civil en Computación; especialista en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información y en Transformación Digital de las organizaciones. Ambos participan en la comisión de Sociedad digital y Nueva Constitución de La Casa Común.


Qué duda cabe: las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) están provocando transformaciones sociales sólo comparables a las que experimentó la humanidad con la invención de la escritura o de la imprenta. Si alguien tenía recelos acerca de la amplitud de este fenómeno antes de la pandemia, imaginamos que hoy esas dudas se han disipado. El año 2020, la red social con más usuarios, Facebook, registró 2.400 millones de usuarios, es decir, si fuera un país, sería el país más poblado del mundo. Durante 2020, esto es lo que ocurría en un minuto en internet (Officially Chadd-Lori Lewis de Visual Capitalist):

  • 210 mil personas participaron en reuniones Zoom

  • Las/os usuarios de Netflix vieron lo equivalente a 404 mil horas de video

  • A través de Whatsapp se intercambiaron 42 millones de mensajes

  • Las personas compartieron 347 mil historias en Instagram

  • Amazon despachó 6.700 paquetes

  • Las/os usuarios de Linkedin postularon a 69 mil trabajos

  • Las/s usuarios de Facebook intercambiaron 150 mil mensajes

  • Las compras on line alcanzaron un millón de dólares.


La manera analógica de estar en el mundo ha ido perdiendo peso en beneficio de otra con impronta digital. La revolución en curso está generando más sobreabundancia de información, ayudando a la creación de nuevos conocimientos a una velocidad nunca antes vista: cada año se registran más de 3 millones de solicitudes de patentes, la mitad de ellas en China, y más de 1,3 millones de nuevos diseños industriales. En su artículo “Lecciones de un año de Covid”, el historiador Harari señala que “cuando surgió la gripe de 1918, los mejores científicos del mundo se vieron incapaces de identificar el letal virus, muchas de las contramedidas adoptadas fueron ineficaces y los intentos de desarrollar una vacuna eficaz resultaron inútiles. Con el Covid-19 ha sido muy diferente. Las primeras alarmas sobre una posible nueva epidemia comenzaron a sonar a finales de diciembre de 2019. El 10 de enero de 2020, los científicos no sólo habían aislado el virus responsable, sino que también habían secuenciado su genoma y publicado la información en la web. En unos pocos meses más, quedó claro qué medidas podían frenar y detener las cadenas de contagio. En menos de un año, ya se producían masivamente varias vacunas eficaces”. Agrega Harari que «hoy en día, muchos de nosotros vivimos en dos mundos: el físico y el virtual; a pesar de que las personas tuvieron que huir de todos los lugares que cotidianamente frecuentaban, estuvieron presentes, a través de la virtualidad; así pasó con la educación, la salud, los cultos, las reuniones, los negocios”. En estricto rigor, el mundo virtual es una amplificación o extensión del mundo real.

La digitalización tiene una enorme repercusión en nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Afecta a todos los ámbitos de la sociedad y es esta la realidad que deberemos enfrentar en los próximos años. Pero, curiosamente, nuestro ordenamiento legal está lleno de vacíos y no es capaz de responder adecuadamente a las preguntas que surgen de esta nueva realidad.


Chile será el primer país en elaborar una Constitución con la vivencia de la pandemia aún presente y tendremos la posibilidad de volcar en ella los aprendizajes de este periodo. El proceso constituyente será la ocasión para imaginar el país que queremos construir, y también su Transformación Digital. La discusión constituyente va a ocurrir en plazas, cabildos, asambleas y muchos otros lugares de encuentro y la Convención debe mantenerse abierta a la ciudadanía y procesar lo que de ella emerja. Aquí aparece una oportunidad para usar las nuevas tecnologías apoyando un proceso participativo de elaboración de la nueva Constitución, en el que ahondaremos a continuación.


Es evidente que no todo lo que se reflexione con ocasión del proceso constituyente quedará contenido en la Constitución. Probablemente sobrevivirán aquellos asuntos que conformen las fundaciones de la casa de todos y todas; los otros temas serán parte de los desafíos de las siguientes legislaturas. Las preguntas que surgen entonces son al menos las siguientes:

  • ¿Qué aspectos relacionados con el nuevo orden digital formarán parte de los cimientos de la nueva casa? O, dicho en otras palabras, ¿qué derechos digitales específicos debieran tener en la nueva Constitución el carácter de derechos fundamentales?

  • ¿Son todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales tradicionales en el mundo de las relaciones o interacciones entre personas, aplicables a internet? ¿Cuáles son las libertades que se consagrarán en el mundo digital?

  • ¿Qué enclaves debemos eliminar de forma que la nueva Constitución no se transforme en un freno al desarrollo de este nuevo Chile digital? En efecto, muchas transformaciones hoy se ven frenadas por cuerpos legales obsoletos, algunos de los cuales tienen en la Constitución una barrera contra el cambio. Un ejemplo de esto es el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, que prohibió el uso de autenticación computacional remota en las notarías, con el consiguiente beneficio directo hacia la calidad de vida de las personas (como la disminución del costo de transacción). Cabe hacer notar que la ley que rige las notarías es de 1943.

No pocos países han elaborado mapas de derechos digitales. A modo de ejemplo, España ha sometido recientemente a consulta pública su “Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía” , en que propone un conjunto de 25 derechos, agrupados en 5 categorías: (1) Derechos de libertad; (2) Derechos de igualdad; (3) Derechos de participación y conformación del entorno digital; (4) Derechos de entorno laboral y empresarial; y (5) Derechos digitales en entornos específicos. En este ámbito, es importante recalcar que estamos en un entorno nuevo, y que es importante que los derechos y regulaciones no entorpezcan la evolución de este entorno.

La OCDE lleva años trabajando en la identificación de los factores que inciden en la creación de un entorno político adecuado para aprovechar las inmensas oportunidades de la transformación digital y ponerlas al servicio de una mejor vida y un mayor bienestar para todas las personas. En su reporte “Going Digital Integrated Policy Framework”, identifica siete políticas interrelacionadas que son claves: 1) acceso; 2) uso; 3) innovación; 4) trabajos; 5) prosperidad social; 6) confianza; y 7) apertura del mercado. El documento enfatiza que para aprovechar los beneficios y abordar los desafíos de la transformación digital se requiere una estrecha coordinación en todos los ámbitos políticos identificados en el marco de referencia que propone.


En una próxima columna, utilizaremos el modelo anterior para identificar algunas de las áreas que debieran ser abordadas en nuestra discusión constitucional.

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