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Transporte urbano en transición: cuando la salud depende de la equidad

Por Ignacio Contreras Munizaga, planificador urbano y colaborador ONG Cerros Abiertos.

Una representación gráfica que ha ganado cierta popularidad compara la cantidad de espacio necesario para transportar a un grupo de personas en bus v/s en automóviles, ilustrando cómo los primeros son mucho más eficientes. Ahora bien, un “meme” creado por un grupo de autodenominados “libertarios” de tendencia anarcocapitalista tomaba esta comparación y añadía una leyenda comparando el “seguro distanciamiento social” provisto por los autos con la aglomeración de gente en el “bus de la muerte”. Fácil sería burlarse del “meme”, pero la verdad es que tras él se esconde una gran verdad.

Siendo el distanciamiento social la principal herramienta para controlar la pandemia, es esencial abordar las grandes aglomeraciones de personas en espacios pequeños y cerrados. Por esta razón se suspenden las actividades “no esenciales”; pero evidentemente no se puede suspender el transporte público. Aunque la suspensión de actividades “no esenciales” puede descongestionarlo, en algún momento llega el momento de empezar a reabrir la economía. Y entonces nos enfrentamos al problema de volver a usar un transporte público atestado de gente en un contexto de “transición” donde aún debemos controlar la propagación del virus.

Quien tiene la posibilidad de circular en automóvil y/o prescindir de medios de transporte, puede mantener un distanciamiento social imposible para el que debe usar el transporte público. Como en general es la población de menores ingresos la que se ve en la necesidad de realizar largos viajes en un transporte público congestionado, la mala calidad del transporte público ya no es sólo un problema de incomodidad y horas perdidas; ahora es, para muchos, literalmente cuestión de vida o muerte.

Ahora bien, corregir esta desigualdad tan grave en el ejercicio de derechos humanos como son la salud y la vida, requiere un compromiso público con el bien común que se atreva a limitar ciertos bienes particulares; requiere entender el bien común como (al menos) un estado de condiciones de vida dignas para todos, y no como una suma de bienes particulares. El espacio vial y el presupuesto de inversiones son limitados: priorizar el transporte público (y antes que él, la bicimovilidad y la peatonalidad) por sobre el automóvil particular es priorizar el bien de todos por sobre el de algunos.

Si bien lo que se puede hacer inmediatamente es poco, ese poco puede hacer una diferencia significativa y es la mejor forma de avanzar hacia cambios de fondo. Propuestas hay, de expertos, organizaciones y de la misma comunidad. Por ejemplo, avanzar en vías exclusivas para transporte público y que éstas sean efectivas y respectadas permitiría mejorar frecuencias y reducir congestión; en tanto, que la infraestructura para bicicletas en barata y puede ofrecer una potente alternativa a los medios motorizados. Pero en todos los casos, aparece el mismo requisito, que es un requisito político: hay que priorizar la dignidad de todos antes que el interés de los particulares, incluso cuando ese interés es tan legítimo como querer usar el auto que me compré con tanto esfuerzo.




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