Columna de José Gabriel Palma, académico U. de Cambridge y U. de Santiago
Pocos temas en el Chile de hoy generan tanta incertidumbre y ansiedad como la crónica de la muerte anunciada de las AFPs. Entre ellos está su impacto en el mercado financiero, y en especial en el de renta fija –donde el mercado ya está prácticamente “seco” y las tasas subiendo–. También en que un nuevo retiro traiga riesgo de sobrecalentamiento y de alzas de TPM. Y hay más.
Sin embargo, y mucho más importante que todo eso –si la inflación sube o no un punto o dos, si la TPM sube un cuarto o medio punto, si los créditos hipotecarios siguen subiendo (todos temas muy importantes)– es el qué vamos a hacer realmente con las pensiones. Es en este contexto que no se entiende la superficialidad del debate actual sobre esta materia.
En el Chile actual todo se maneja con "leyes cortas", y parece que ya pocos tienen la imaginación o el estómago para enfrentar los problemas de fondo. La gran diferencia que tenemos con algunas economías emergentes en Asia es que cuando algo necesita cirugía mayor, aquí nos falta determinación. Para mi esa es la inercia por la que estamos atascados en la “trampa de ingreso medio” –el ser incapaz de hacer otra cosa que no sea el “más de lo mismo"–. Como dice la letra de la canción Hotel California, “somos meros prisioneros de nuestras propias cadenas”.
Lo que el gobierno (o lo que queda de él en su desintegración) y la oposición (tanto la sobre-representada en el Congreso como la que está afuera) deberían estar haciendo ahora es empezar a poner en práctica esa cirugía mayor que requiere todo el sistema de pensiones –cómo desarmar en forma ordenada tanto las AFPs, el sistema de pensiones militares, y lo que queda del público– en búsqueda de un sistema radicalmente diferente, equitativo y sustentable.
Como ya mencionaba en una columna anterior, lo básico es que debemos construir un sistema de pensiones mixto, con un componente obligatorio de seguridad social (el mal llamado sistema "de reparto"), y uno voluntario –público y privado– sobre ese. No más "ahorro forzoso": lo forzoso tiene que ser la contribución al sistema de seguridad social (reparto) que permita una pensión mínimamente decente para todos, y el ahorro adicional tiene que ser voluntario (tanto en su monto, como en la institución en la cual uno lo hace).
Mientras tanto, la peor incertidumbre y ansiedad es no saberse –ni siquiera en forma preliminar– lo que viene después. Hasta ahora puras leyes cortas y voladoras de luces. Como bien se sabe, en economía, y en especial en mercados financieros, la peor noticia es la que se esconde.
Y el cortoplacismo no se restringe a las pensiones. Por ejemplo, en el proyecto de ley sobre el royalty minero, si bien avanza mucho en la forma de su implementación, hasta ahora ignora la necesidad del uso productivo de los recursos que genere. Modelo de desarrollo que sea el que vamos a seguir en adelante va a necesitar nuevos motores de crecimiento de la productividad –pues los del actual (en especial lo extractivo) ya dieron todo lo que podía dar: en la década anterior al estallido social, el crecimiento de la productividad fue apenas del 0,4% anual; y la participación de nuestras exportaciones de cobre ya cayeron del 42% del total mundial (2004) a apenas 27% en el 2019.
Y de los pocos recursos que vamos a tener para invertir en esa tan necesaria diversificación productiva, y en generar los tan necesitados nuevos motores de crecimiento de la productividad –como el de industrialización del sector exportador, lo “verde” y la digitalización de nuestra economía– están los del royalty. Sin embargo, en el Congreso cada cual tira para su lado (por importante que sea), y hasta ahora el proyecto de ley no asegura que una alta proporción de esos nuevos recursos se tengan que usar en forma productiva.
El cortoplacismo también parece reflejarse en lo que se sabe hasta ahora de los programas económicos de los tres candidatos presidenciales más importantes: en ninguno de ellos veo un intento serio y profundo de desarrollar una nueva estrategia productiva; una que genere en el mercado una nueva dinámica productiva y distributiva, la cual sea sustentable en el tiempo.
Ahora parece que todos somos "social-demócratas", pero se copia lo peor de la nueva social democracia europea: dejar que el mercado desregulado siga adelante –permitiendo que grandes agentes puedan distorsionarlo y con Estados incapaces de internalizar en el sistema de precios relativos todas las grandes externalidades (como las ambientales)–, para luego tener que dedicarse a apagar incendios y a hacer un esfuerzo redistributivo cada vez más titánico.
El resultado está a la vista: desigualdades de mercado (esto es, antes de impuestos y transferencias) ya iguales (y en casos como Alemania, ya mayores a la chilena), para luego tener que gastar el 25% del PIB en todo tipo de políticas redistributivas; mientras tanto, las deudas públicas pasan el 100% del PIB.
El absurdo es que ahora tantos quieren salir de nuestra “neofobia” (el miedo a lo nuevo) copiando a los mayores neofóbicos de todos, cuyos sistemas de pensiones también se caen a pedazos y su gasto social (artificialmente alto, pues su desigualdad es auto-construida) ya es obviamente insostenible –pero son incapaces de hacer algo sustantivo sobre eso–. ¡Qué diferencia entre la nueva socialdemocracia europea y la de la posguerra! ¿Realmente queremos salir del sartén para caer en las brasas?
Parafraseando a aquél gran artista islandés (Olafur Eliasson), ¿vamos realmente a seguir viviendo en un mundo donde “no se permiten pensamientos que no hayan sido ya pensados”? Cuando presenté dos posibles modificaciones al royalty minero del actual proyecto de ley en la Comisión de Minería del Senado, lo único que se le ocurrió decir a alguien cercano a las mineras fue: ¡pero si ningún país hace eso!