En nuestro país, desde ya hace bastante tiempo el fenómeno de la delincuencia se ha tomado el debate nacional.
Así podemos ver que los matinales, noticieros y redes sociales están inundadas de exhibición de macabros delitos que afectan sensiblemente el ánimo de la población y junto con ello proliferan políticos y “expertos” que dan diversas explicaciones del fenómeno delictual en nuestro país, sorprendiendo el bajo nivel del debate, prestándose más que nada todo este delicado tema para declaraciones altisonantes de políticos que buscan capitalizar el miedo de la población, más que buscar reales soluciones al verdadero problema que enfrentamos como país.
Como hemos visto en las anteriores columnas de esta serie “Chile bajo ataque” existen hoy en día nuevos tipos de confrontaciones, guerras y revoluciones, que enfrentan los países: asimétricas, de baja intensidad, sin declaratoria, que pueden involucrar organizaciones criminales, nacionales o internacionales, agentes políticos o de un Estado, o Estados fallidos, motivados por afanes revolucionarios y crimen organizado, ajenos a principios democráticos, bajo el imperio de la violencia.
En este crisol se entremezclan: crimen organizado, narcotráfico (Cartel Iraní y múltiples organizaciones criminales en LATAM), además de corrupción, violencia y anomia, que debilitan los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la destrucción de la operatividad de las policías y de la inteligencia del país. Esas organizaciones ilícitas y sus acciones criminales, sin contención oportuna, destruyen la institucionalidad de los Estados.
Todos estos nuevos escenarios nos obligan como país a adoptar una estrategia que sea eficaz para combatir este nuevo cáncer que enfrentamos, para lo cual necesitamos primero que nada efectuar el diagnóstico adecuado, cuestión que hasta el momento no parece haberse realizado correctamente.
Una vez efectuado dicho diagnóstico, Chile tiene el deber y la oportunidad de liderar a nivel regional Latinoamericano la lucha contra esta nueva forma de crimen organizado a través de los instrumentos legales que otorga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptada con fecha 15 de noviembre del año 2000 conocida también como “Convención de Palermo”.
Dicha Convención tiene como propósito el promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, siendo publicada en nuestro país, luego de ser ratificada por el Congreso Nacional, el 16 de febrero del año 2005.
Chile al momento de depositar los instrumentos de ratificación de la Convención ante el Secretario General de las Naciones Unidas designo al Ministerio del Interior, como la Autoridad Nacional que puede ayudar a otros Estados Partes a formular medidas para prevenir la delincuencia organizada transnacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores como Autoridad Central a los efectos recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca.
Como decía el científico Albert Einstein, las crisis son también momentos de oportunidades, y ante esta grave crisis que amenaza a todo Latinoamérica nuestro Presidente de la Republica Gabriel Boric tiene la oportunidad de liderar a través de los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores una eficaz y sólida coordinación y cooperación internacional entre los países de la Región Latinoamericana, para de esta manera enfrentar esta verdadera guerra que debemos darle al crimen organizado que hoy en día nos amenaza.