Por Hugo Calderón
Miembro Fundación La Casa Común
Octubre 2021
El escenario internacional se encuentra determinado por la disminución de poder de los países occidentales, el crecimiento del autoritarismo, la debilidad de las instituciones multilaterales y los agudos problemas provenientes del calentamiento global.
La derrota de la alianza occidental encabezada por EEUU en los intentos de estabilización de Afganistán, ha demostrado los límites del poder de estos países. Es un dato a tener en cuenta en un contexto global de tensión entre las democracias liberales y las autocracias de distinto signo, pues permite comprender las limitaciones en el tratamiento de cuestiones claves como los derechos humanos, la agenda de género, la comprensión sobre el problema migratorio, o el cuidado del medio ambiente.
En un sentido mas específico, nos encontramos ante un debilitamiento estructural del poder geopolítico de EEUU. Como consecuencia de esta situación, se ha generado un sistema multipolar con potencias como China, Rusia, o la Unión Europea, que tienden a actuar globalmente, pero con zonas de influencia regional privilegiadas.
Problemas como las armas de destrucción masiva, la amenaza del (ciber) terrorismo, la estabilidad económica global, el cuidado mundial de la salud y las consecuencias del cambio climático, se condensan como los temas mas críticos de la agenda internacional
Sin embargo, al manejo de esta agenda, se le suma el hecho, de que las tres potencias más fuertes del mundo multipolar, Estados Unidos, China y Rusia tienen en su interior elementos importantes de inestabilidad, que se transmiten a todo el sistema internacional.
Además, la creciente rivalidad comercial y tecnológica entre las dos potencias mas fuertes, Estados Unidos y China, amenaza con obstaculizar y desviar la agenda internacional de la solución a los grandes problemas que enfrenta la humanidad, como el cambio climático y la urgente transformación energética y productiva para alcanzar un sistema de convivencia que no destruya los ecosistemas ni la vida humana.
A pesar de estos obstáculos, la agenda climática ya ha definido un itinerario y ha generado un consenso global en base al Acuerdo de París. En este marco, potencias medianas agrupadas en la Unión Europea, están llamadas a jugar un rol mas activo en estos desafíos globales y en la transformación de la economía industrial en una economía descarbonizada, promoviendo cambios regulatorios sobre estándares ambientales y de justicia climática, válida para todos los países.
América Latina y Chile también deberían orientarse en este proceso de transformación con una agenda propositiva, aceptando el desafío de ajustar sus economías extractivas basadas en las materias primas, a estructuras socioeconómicos compatibles con una transformación energética y productiva sustentable.
Chile, en particular, vive un proceso de discusión pública para promulgar una nueva Constitución, evento de fuerte impacto innovador por la paridad de género y la inclusión de los pueblos originarios, que le otorga una alta visibilidad internacional.
Este proceso democrático es también único en la historia del país y permite actualizar una mirada sobre 200 años de vida como república independiente para superar entre otras cosas, falencias e injusticias cometidas con amplios sectores de su población y dejar atrás un modelo extractivo heredado desde la Colonia, que le ha impedido desarrollarse armónicamente en los social y en su relación con la naturaleza.
No existen temas tabúes para esta discusión pública y el país definirá democráticamente su estrategia de desarrollo y su forma de convivencia tanto entre sus habitantes, respecto a la naturaleza y sobre su participación en los desafíos globales que enfrenta el país y la humanidad.
En este nuevo contexto histórico, adquiere plena legitimidad el debate público sobre los compromisos internacionales y tratados que ha suscrito o no ha suscrito el país, como por ejemplo el Pacto de Marrakech sobre migración, o el Acuerdo Escazú, el primer tratado ambiental de la región.
Este proceso debe hacerse de manera democrática, transparente, participativa e informada y en consulta con todos los actores sociales y económicos del país
Chile debería inscribirse dentro de los países que tienen como objetivo ordenar su política exterior en función de los urgentes desafíos que tiene la humanidad, que amenazan la vida y la biodiversidad del planeta.
En función de este objetivo central, deberían realizarse los acuerdos que permitan descarbonizar la economía nacional y generar una forma de crecimiento sustentable, tal como lo señala la agenda 2030 de Naciones Unidas.
Este objetivo entrega coherencia para la acción diplomática, las alianzas políticas regionales y globales, la política comercial, la política agrícola, la política de migraciones, la captación de inversiones y otros campos de las relaciones internacionales, buscando sinergias y cooperación con otros actores del escenario regional y global.
El debate sobre un nuevo modelo de desarrollo debería también superar una mirada meramente mercantil o comercial de la política exterior, que ha limitado otras áreas de cooperación como la científica o cultural, excluyendo la participación de actores en su política exterior como los pueblos originarios o la comunidad científica.
No se trata de negar la apertura comercial y la inserción internacional de Chile en los mercados internacionales. Se trata de ajustar las necesidades del país a un procesamiento sustentable de las materias primas, a la generación de empleos de mayor calidad, y la creación de productos de exportación compatibles con los estándares ambientales que el mundo está exigiendo.
Por cierto, cualquier eventual revisión o modernización de algún tratado político o comercial, debe considerar los compromisos que el país ha asumido con la comunidad internacional, para preservar su credibilidad y prestigio como nación.