Por Gonzalo Álvarez
Profesor asociado Universidad Arturo Prat
Colaborador Fundación La Casa Común
Una política exterior de Estado debiese ser pensada y debatida en sus múltiples dimensiones. Es cierto que el ámbito territorial/vecinal aparece en la agenda inmediata, pero su tratamiento, la respuesta desde la política exterior, además de continuar con el impecable trabajo centrado en el derecho internacional y de la concertación política llevado a cabo desde el regreso a la democracia, requiere plantear innovaciones que consideren, por ejemplo, la visión de los actores fronterizos y los gobiernos regionales. La dimensión económica/comercial de la política externa de Chile también debe revisarse en función de las alternativas de cambio al modelo de desarrollo que se planteen y de la inclusión de las demandas por un país más justo.
Un lugar común y tradicional para definir la política exterior es considerarla como una proyección de los intereses nacionales. Los que, a su vez, se entienden como todos aquellos elementos que le permiten al Estado mantener su seguridad/supervivencia, bienestar y capacidades en un contexto internacional en el que todos sus componentes buscan el mismo propósito.
Si bien desde el regreso a la democracia ha habido matices (sobre todo desde la última administración de Sebastián Piñera), lo cierto es que se ha instalado un tipo de política exterior que ha seguido esta idea tradicional y que se ha reflejado en el discurso y la práctica de entender la política exterior como una “política de Estado”, aglutinadora en torno a la defensa de los autodefinidos intereses nacionales. Estos se han concentrado en dos elementos: las cuestiones territoriales, graficadas en los casos de los litigios con los países vecinos; y los asuntos económicos, manifestados en la inserción internacional de Chile en el ámbito global.
Las cuestiones territoriales/vecinales, presentes y constantes desde la formación del Estado moderno, se insertan con fuerza en la política exterior a partir de la dictadura cívico-militar y la injerencia de la visión geopolítica clásica y la Doctrina de Seguridad Nacional propugnada por las Fuerzas Armadas. El componente economicista de la política exterior también fue insertado durante ese periodo, impulsado por la influencia de los grupos económicos en los asuntos externos del país y por la instauración del modelo neoliberal. Si bien con el regreso a la democracia se produjeron cambios notables en la política exterior de Chile, en torno a la reinserción política en el contexto regional y global, se mantuvieron los componentes territoriales y económicos como partes angulares de esta “política de Estado”.
En el actual contexto, signado por transformaciones y demandas sociopolíticas diversas, el debate constituyente, y la llegada al poder de una nueva generación de actores políticos y sociales que encabezarán los cambios que el país necesita, cabe preguntarse si son estos intereses tradicionales coherentes con lo que debiese ser la política exterior de Chile. O bien, ¿es necesaria una transformación sustantiva que la constituya como una política de Estado acorde con los tiempos que corren y los cambios que se requieren?
Optamos por esta última opción. La política exterior no puede restarse al agotamiento del modelo neoliberal, a las demandas sociales y los cambios sociopolíticos que el país enfrenta. La política exterior no se trata sólo de reaccionar a las variaciones del entorno internacional, sino también debe construirse en función de los cambios en el ámbito interno. Los intereses nacionales varían y, por lo tanto, no pueden ser determinados a priori, ni su consecución estar supeditada a una agenda predeterminada por las elites del pasado y sus imaginarios y prácticas.
Una política exterior de Estado debiese ser pensada y debatida en sus múltiples dimensiones. Es cierto que el ámbito territorial/vecinal aparece en la agenda inmediata, pero su tratamiento, la respuesta desde la política exterior, además de continuar con el impecable trabajo centrado en el derecho internacional y de la concertación política llevado a cabo desde el regreso a la democracia, requiere plantear innovaciones que consideren, por ejemplo, la visión de los actores fronterizos y los gobiernos regionales. La dimensión económica/comercial de la política externa de Chile también debe revisarse en función de las alternativas de cambio al modelo de desarrollo que se planteen y de la inclusión de las demandas por un país más justo. Pero, más importante aún, otras dimensiones pueden tener la misma relevancia que las anteriores.
Ya sea la inclusión de los pueblos originarios y sus cosmovisiones en la política internacional, la incorporación de otros actores sociales, o la prioridad por el medioambiente, pueden incluirse en la agenda de política exterior y considerarse igualmente entre los intereses nacionales relevantes. Para ello se requiere una acción decidida por parte del futuro gobierno. El nuevo Presidente electo tiene el desafío y la oportunidad de transformar el status quo en esta materia, de trascender en esta área al reducido grupo que la ha configurado, de convertir a la política exterior en una verdadera política de Estado.